César Alejandro Ruiz Jiménez

Una niña que nunca llegó a nacer acaba de ser incluida en un acuerdo de indemnización por 200 mil dólares en Estados Unidos. Su muerte no fue consecuencia de un accidente de tránsito ni de una negligencia durante el parto. Murió durante un aborto.

En 2020, una mujer de Nuevo México con 26 semanas de embarazo acudió a una clínica para interrumpirlo. Posteriormente, demandó a los médicos alegando que se encontraba bajo los efectos de metanfetaminas cuando otorgó su consentimiento y que, por lo tanto, no estaba en condiciones de tomar aquella decisión. La demanda no fue presentada solamente por la mujer; también se promovió en representación de la sucesión de su hija, identificada judicialmente como Baby Wabbington.

El litigio concluyó en septiembre de 2026 mediante un acuerdo por 200 mil dólares que comprendió las reclamaciones de ambas. No hubo una sentencia condenatoria y tampoco se precisó qué cantidad correspondía a cada una. Sin embargo, el caso confirma una tendencia en distintos tribunales estadounidenses: la muerte de un ser humano concebido, pero no nacido, puede generar responsabilidad civil por su propia muerte.

No es la primera vez que ocurre algo semejante.

En 1980, la Corte de Apelaciones de Nuevo México resolvió el caso Salazar vs. St. Vincent Hospital, relacionado con la muerte de un concebido de más de 30 semanas de gestación por una presunta negligencia médica. La madre demandó también en representación de la sucesión de su hijo, pero el tribunal de primera instancia rechazó la reclamación por su muerte. La Corte de Apelaciones revocó aquella decisión al establecer que un concebido viable debía ser considerado persona para efectos de la legislación sobre muerte injusta (Wrongful Death Act). En consecuencia, su muerte podía dar lugar a una acción de responsabilidad civil, aunque nunca hubiera nacido.

En pocas palabras, la legislación civil de Nuevo México reconoce que la muerte de un ser humano puede ser jurídicamente indemnizable, aun cuando éste no haya nacido.

Pero, ¿cuándo comienza esta protección? En Alabama, la respuesta fue contundente: desde la fecundación.

Así se confirmó en febrero de 2024, cuando la Suprema Corte de ese estado resolvió un asunto relacionado con la destrucción de varios embriones humanos conservados mediante técnicas de reproducción asistida. Un paciente ingresó a un área de almacenamiento criogénico que no estaba asegurada, tomó varios embriones congelados y, al sufrir una quemadura por las bajas temperaturas, los dejó caer, provocando su destrucción.

Los padres reclamaron una indemnización por la muerte de sus hijos. La primera instancia había rechazado la demanda argumentando que los embriones no eran personas y que, por tanto, su pérdida no podía dar lugar a una reclamación por muerte.

La Suprema Corte revocó aquella decisión sobre la base de dos argumentos. Primero, que el concepto de niño comprendía al ser humano desde la fecundación, independientemente de su etapa de desarrollo. Segundo, que no existía razón para distinguir entre los niños no nacidos en función de su ubicación física. La protección de la ley de muerte injusta de menores se extendía también a los embriones que se encontraban fuera del útero.

La lógica es que desde la fecundación existe un ser humano y que, en virtud del principio de no discriminación, su valor no depende de su etapa de desarrollo ni del lugar donde se encuentre.

El mensaje es claro: no podemos discriminar a los seres humanos en función de su nacimiento, su etapa de desarrollo o su ubicación física. Todo ser humano que no ha cumplido 18 años de existencia fuera del vientre materno es un niño.

Pero parece que hemos desarrollado un lenguaje que tiene como propósito ocultar al ser humano. Hablamos de cigotos, embriones y fetos como si se tratara de seres distintos, cuando son denominaciones correspondientes a las diferentes etapas del desarrollo de un mismo organismo humano. Ninguna de esas palabras modifica su naturaleza. Tampoco cambia esa realidad que se encuentre dentro del útero materno, en una incubadora o criopreservado en un laboratorio. La ubicación física no determina la pertenencia a la especie humana ni la condición de ser humano.

Ésta es una realidad que quienes promueven el aborto pretenden eludir. El concebido es un ser humano y, por esa condición, debe ser reconocido como titular de Derechos Humanos desde el primer instante de su existencia.

Los Derechos Humanos son universales porque pertenecen a todo ser humano; por ello, su titularidad no puede depender de que el legislador decida a quién reconocerlos. Podemos discutir su contenido, sus límites y la manera de resolver los conflictos entre ellos, pero no podemos admitir que el Estado tenga la facultad de seleccionar qué seres humanos son titulares de derechos y cuáles no.

Pretender limitar esos derechos en función de las semanas de gestación, de la presencia o ausencia de determinados órganos o, simplemente, de si un ser humano es querido por su madre, constituye una forma de discriminación.

La invisibilización de un grupo es una de las formas más eficaces de excluirlo de la discusión sobre sus derechos y anteponer los derechos de otros sin siquiera reconocerlo como titular de los propios. Y ningún ser humano es tan vulnerable y dependiente como cuando está en el vientre materno. Reconocer su existencia no significa que todos los conflictos jurídicos estén resueltos. Podemos discutir la protección que corresponde al concebido, sus alcances y la manera de resolver los conflictos con los derechos de la madre. Pero esas discusiones deben comenzar por reconocer la realidad de quienes están involucrados, no por negar la existencia de uno de ellos.

Los precedentes de Nuevo México y Alabama muestran cómo distintos tribunales estadounidenses han reconocido protección jurídica a la vida humana antes del nacimiento. Permiten dilucidar que los concebidos no son bienes, son personas; no son proyectos de vida, son vidas humanas.

Es hora de que la nueva Suprema Corte mexicana, tan crítica de su antecesora y, al mismo tiempo, tan dispuesta a reproducir sus precedentes, comience a revisar algunos de los criterios equivocados que heredó.

La acción de inconstitucionalidad 148/2017 sería un buen punto de partida. En aquella resolución la Corte sostuvo que el concebido no es titular de Derechos Humanos porque no es persona en sentido jurídico. Un Tribunal Constitucional que dice defender una interpretación progresista y que busca la protección más amplia de los Derechos Humanos debe dejar de confundir la capacidad jurídica con la condición humana y reconocer, finalmente, que los Derechos Humanos son universales, que pertenecen a todo ser humano desde el inicio de su existencia.

Hay dos decisiones que hoy están vedadas al Derecho: determinar quién es un ser humano y decidir cuáles seres humanos tienen derechos.