El ordenamiento jurídico como sistema

Si se pretende defender la vida y dignidad humana, en cualquiera de sus expresiones, si lo que se quiere es vale comprender que el Derecho funciona como un sistema y que no puede desatenderse un área de él sin afectar el resto de sus aristas.

Ceder en la defensa de la democracia constitucional se traduce, en un plazo no tan largo (ahí está el espejo venezolano para recordárnoslo) en debilitar las estructuras orgánicas y procesales que permiten el desarrollo integral de la persona en sociedad, y colocan a las comunidades ante peligros que, en un Estado constitucional genuino, resultarían simplemente inconcebibles.

Por ello es que hemos dedicado este número a tratar de llamar a las cosas por su nombre, a no jurar en vano e insinceramente en torno a conceptos manipulables, a decir “sí” cuando hay que decirlo en relación con sustantivos fundamentales para la defensa de los más vulnerables y para la no discriminación de persona alguna que participe, en cualquier forma, de la condición humana. Aunque parezca forzado, defender comicios libres y auténticos, reivindicar la división equilibrada de las potestades y luchar por restaurar la independencia judiciaria es, también, tirar un pial a favor de la dignidad eminente de nuestros semejantes.

Derecho, lenguaje y verdad. Análisis de las difíciles experiencias y circunstancias que la lucha contra el autoritarismo ha significado en diversas latitudes. Diagnósticos certeros y precisos derivados de la observación objetiva de nuestra realidad. Convicción en lo relativo a la trascendencia de conservar el pluralismo con miras a garantizar las libertades fundamentales de pensamiento, expresión, asociación, convicción, desarrollo espiritual, trabajo en favor del otro y un largo etcétera: todo ello es lo que aspiramos que usted encuentre en la lectura de estas páginas.

Y lo esperamos porque estamos convencidos de que los tiempos actuales (y su sistemática) son tiempos de derechos y no de sistemas autoritarios. En ningún sitio del planeta, mucho menos en los adscritos a nuestra cultura de corte occidental, podemos concedernos lujos distintos sin comprometer gravemente el desarrollo, e incluso la existencia misma, del ser humano en sociedad, del ser que se expresa y resignifica su vida en torno a conceptos y datos mutantes pero insoslayables, del ser que aspira a alcanzar lo sublime, pero también a convivir serena y sistemáticamente en la paz del respeto a la pluralidad y a los derechos fundamentales, por supuesto.

El espejo bolivariano

La experiencia venezolana confirma que la falta de instituciones sólidas no abona en favor de la solución pacífica de controversias y el respeto al Derecho Internacional.

Reformas constitucionales aprobadas en un contexto de concentración del poder político, debilitan de manera progresiva los contrapesos institucionales y erosionan principios fundamentales como la división de poderes y la protección de los derechos de las minorías. Ello expone a los países y reduce a proporciones críticas la autodeterminación de los pueblos.

Es necesario cuidarnos, en México, de reformas político electorales que no persigan el consenso ni el fortalecimiento democrático. La que se advierte en el horizonte puede constituir un intento regresivo por vulnerar el principio de progresividad de los derechos humanos consagrado en la reforma constitucional de 2011. La integración artificiosa de mayorías calificadas en el Congreso ha permitido desmantelar salvaguardas institucionales esenciales, colocando en riesgo lo que se considera el último baluarte del sistema democrático mexicano: las instituciones electorales.

La eventual reforma podría convertirse en el eslabón final de una cadena orientada a restringir la competencia política, limitar la equidad en los procesos electorales y obstaculizar la alternancia en el poder. De materializarse este escenario, se verían comprometidos tanto los derechos políticos de la ciudadanía como la legitimidad de las elecciones futuras. Es tiempo de reivindicar los logros históricos de la transición democrática, del pluralismo político y de una concepción republicana incluyente y contraria al autoritarismo.

Resulta para ello imprescindible articular a diversos sectores de la sociedad —organizaciones civiles, gremiales, academia, empresariado, estudiantes, sindicatos— con vistas a preservar y fortalecer las bases constitucionales de la democracia. Si resulta inoportuno discutir una reforma electoral en un contexto de presiones internas se internacionales, cualquier modificación que no garantice instituciones electorales auténticamente autónomas, imparciales y técnicamente sólidas carecerá de legitimidad.

Requerimos, sí, procesos electorales equitativos y competitivos, con una representación política fiel a la voluntad popular. La sobrerrepresentación legislativa y las interpretaciones de las normas electorales realizadas por los órganos jurisdiccionales en los comicios de 2024 y en la elección judicial de 2025 constituyeron distorsiones graves del principio de autenticidad comicial consagrado en el artículo 41 constitucional. No abonan a mejorar la situación el debilitamiento del Congreso mediante la eliminación de la reelección legislativa y la erosión de la representación proporcional; la reducción del pluralismo político; la colonización y desciudadanización del órgano electoral mediante su politización y asfixia presupuestal; el debilitamiento de los partidos políticos a través del desmontaje del financiamiento público; y la normalización de la intervención del Poder Ejecutivo en los procesos electorales bajo figuras como una revocación de mandato simulada, en contravención del artículo 134 constitucional.

Una reforma que no garantice condiciones mínimas de democracia, equidad y legalidad deberá provocar una respuesta política colectiva orientada a la defensa pacífica del orden constitucional y al uso responsable de los mecanismos de participación política, siempre dentro del marco de la legalidad. Todo lo demás nos colocaría en una situación de extrema debilidad institucional. Y ya hemos visto hacia dónde puede conducir eso. Por eso es que Tiempo de Derechos ha querido reflexionar en situaciones espejo y contribuir, en la medida de sus capacidades, a la reflexión crítica, decidida y constructiva. A la reflexión republicana, en sumada y constructiva. A la reflexión republicana, en suma.

Retos para 2026

El año, que confiamos será próspero y feliz para usted que nos lee, comienza con retos muy apreciables para la vida pública de México.

En las próximas semanas se dará a conocer la iniciativa de reforma político-electoral, que muy probablemente complemente a la reforma judicial en lo que respecta a la remodelación de toda la estructura constitucional del país. En este caso, lo que se cimbrará será el compromiso pluralista que desde los inicios de la transición democrática instituyó un Congreso progresivamente proporcional, capaz de reunir las más diversas voces no sólo para ser escuchadas, sino para influir en la toma de decisiones legislativas. Es probable que 2026 sea recordado como el año de la desaparición de tal consenso y de la vuelta a un Congreso de la Unión dominado por una sola fuerza política, incontrastablemente hegemónica y no siempre concomitante con la autenticidad de la voluntad popular expresada en las urnas. Lo propio podrá predicarse de las Legislaturas locales. Para allá discurre la acrimonia manifestada hacia la representación proporcional. Será una lástima: ojalá que erremos en la predicción.

2026 será también el año de la consolidación del nuevo modelo de potestades judiciarias, electas en comicios que dejaron indiferente a la mayoría de la población y, sin embargo, tendentes a actuar más allá de sus límites constitucionales. Cerramos el año pasado con una sentencia, la del caso Tlaxcala, en que la Suprema Corte de Justicia se arrogó capacidades que iban más allá de lo demandado en la acción de inconstitucionalidad e, incluso, en el proyecto de la ponencia que se discutió, para extender su resolución a supuestos y preceptos no discutidos ni impugnados. Todo con tal de dejar sin protección legal alguna a la vida humana en situación intrauterina apelando, aquí sí, a los efectos generales de sus decisiones. ¿Será este el tono constante del nuevo Poder Judicial?

Como telón de fondo, y en medio de condiciones económicas que reportan bajo crecimiento y una expectativa menos que moderada para el aumento de las inversiones, se halla la renegociación del tratado de libre comercio con las potencias norteamericanas con las cuales, por cierto, hemos de organizar una Copa mundial de futbol hacia el ecuador del año. Las esperanzas de una política agraria común en el marco del tratado, que al alimón podría paliar el descontento que se vive en el campo mexicano y sentar las bases para un combate estructural al fenómeno del narcotráfico, parecen diluirse en forma definitiva. Podrá, quizá, encapsularse la amenaza arancelaria, pero es difícil que se avance en temas migratorios, agropecuarios y de seguridad común, más allá del consabido combate al crimen organizado que no siempre está dispuesto a recorrer los caminos propios del due process of Law, para decirlo en la lengua de nuestros socios.

Uno de estos socios, el más poderoso e influyente y el principal en lo que a nuestros intercambios mercantiles se refiere, ha expresado su intención de moldear el destino del hemisferio occidental (esto es, del continente americano) según la ya bicentenaria Doctrina Monroe. El “Corolario Trump”, que es un colofón más que una actualización, busca que América Latina sujete sus intereses a los dictados de Washington y deje atrás los devaneos y guiños de ojos hacia otras economías, marcadamente hacia China y Rusia. ¿Podrá influir tal determinación en la posibilidad de contar con renovados tiempos de derechos, con relaciones que vayan más allá de lo meramente comercial y se centren en la dignidad de toda expresión de la condición humana y en la exigencia de cláusulas democráticas dentro de las convenciones soberanas, con pleno respeto hacia la división equilibrada de los poderes y a los modos en que cada país de América busque llevar la prosperidad y la Justicia a sus habitantes? Es posible. No es que pequemos de ilusos: es que deseamos poder soñar en un mundo mejor.